CARAL DEBE UNIRNOS A TODOS, NO PERMITAMOS TANTO ABUSO
La denuncia penal presentado por un funcionario de la Zona Arqueológica de Caral contra la familia Solis, por el único hecho de no estar de acuerdo de cómo la ZAC viene actuando en el Valle de Caral y ahora por el solo hecho de haber elevado un memorial mostrando el malestar de la comunidad en las instancias públicas, este hecho es criminalizado.
Se les denuncia por no estar de acuerdo con la forma como le han recortado su propiedad, vulnerando con ello un derecho constitucional como es la libertad de expresión.
Se les denuncia por haber elevado con la firma de cientos de pobladores del Valle de Caral un memorial donde ponen de conocimientos hechos que ellos consideran injustos y que con todo derecho han presentado queja ante el Presidente del Concejo de Ministros.
De las 290 firmas conseguidas en un memorial, se señala que se han desistido 22 de ellas y con ese argumento se criminaliza el derecho de queja que tiene cualquier peruano, sin embargo no toma en cuenta las 268 firmas que respaldan el memorial.
Hoy, con una actitud que yo considero extrema y abusiva, utilizando el poder público se pretende silenciar a las personas que muestran su desacuerdo o disconformidad de la forma cómo está actuando los funcionarios de la Zona Arqueológica Caral.
Todos nos sentimos orgullosos de Caral, ya que representa la evidencia de la fortaleza cultural histórica de Súpe; sin embargo no puedo estar de acuerdo que en nombre de la Cultura Caral no se quiera respetar derechos básicos con los que cuenta cada ciudadano de nuestro país, que es el de expresarse libremente y el de presentar nuestras quejas cuando nos sintamos afectados por una decisión pública como en el presente caso.
Mi opinión sobre Caral y otras zonas de Súpe donde existe vestigios arqueológicos es publica, considero que se debe volver a revisar las poligonales y con un criterio estrictamente técnico e imparcial definir en consenso las áreas verdaderamente que se deben proteger.
La Cultura Caral, es de Súpe y de la Humanidad y nos debe unir; ya que su sola existencia en nuestra zona debería haber transformado la vida de las personas.
Considero un abuso que se quiera permanentemente criminalizar los desacuerdo y la protesta de la población de Caral, con respecto a la defensa que hacen del lugar donde viven.
El mandato constitucional de una autoridad local es la Defensa irrestricta de los intereses y derechos de sus vecinos y ESE CAMINO ES EL QUE YO HE TOMADO, EN CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA LEY.
Los que respetamos la constitución, SIEMPRE el camino del diálogo y el consenso el la mejor decisión para llegar acuerdos, sin embargo la criminalización de las libertades como la de expresión, siempre nos llevará al abismo de los conflictos. EN EL PRESENTE CASO NO SOY MEDIADOR, ESTOY AL LADO DE LA VERDAD Y DE LA JUSTICIA, estoy y estaré al lado de la gente.
Víctor Díaz
